Eliminatorias

La imprevista renuncia del Belisario Velasco significó adelantar todos los preparativos del cambio de autoridades, que incluyeron a Intendentes, Subsecretarios y Ministros.

La conformación de un nuevo equipo político tiene varias implicancias que no pasan desapercibidas para los distintos actores políticos que giran en torno a las decisiones gubernamentales, tales como empresarios, trabajadores, medios de comunicación y, por cierto, los partidos políticos, que además están visualizando procesos electorales que se dan en un escenario complejo.

Tal vez los últimos que resultan encandilados son los ciudadanos. Mal que mal el gobierno está preocupado de su agenda y cómo la Presidenta será evaluada al final del período, lo que dice relación con cosas tangibles y cuantitativas pero que no necesariamente incorpora la percepción ciudadana.

La primera implicancia se refiere a la forma en que se planifica dicho cambio, quienes participan en ello, el tipo de evaluación del trabajo realizado y los desafíos políticos que se deben asumir en los próximos dos años. Todo ello pasa a ser parte de lo que denominaremos el mito democrático, es decir, asumir que todas las decisiones las toma la Presidenta, sin tener presente que ella decide conforme las alternativas y evaluación de impacto que hacen sus asesores. Es parte del mito asumir que por el solo hecho de ocupar la primera magistratura sabe de todo. Si nos retrotraemos al penosamente famoso Transantiago, encontramos que la momento de la decisión, la Presidenta privilegia la opinión de los “técnicos” y desecha la opinión política representada por Belisario Velasco como también deja de lado su “instinto femenino”, que le señalaba que no iba a funcionar. La razón principal para aprobar el funcionamiento del Transantiago fue la opinión de los técnicos.

Volvamos a lo nuestro. Se desconocen los criterios de evaluación del gabinete y la información entregada solamente se remite a la necesidad de realizar cambios para un segundo tiempo -en un abuso evidente de la jerga futbolística- dado que pretende, mediáticamente, dividir el período de gobierno en dos partes cuando en realidad el gobierno es un solo “tiempo”.

Si bien es razonable pensar que la versión de que quedan los dos últimos años de gobierno puede ser asimilable a la idea de un figurado segundo tiempo, también es cierto que el gobierno constituye un todo indivisible.

Por tanto, en esta primera aproximación, se podría deducir que la evaluación a varios ministros no fue buena en términos de los objetivos propios del Gobierno con un horizonte de cuatro años.

Eso nos lleva a la segunda cuestión, referida a los escenarios que enfrenta. Al respecto, el más evidente es el hecho de que parte importante del éxito del gobierno depende de la eficiencia legislativa, en el sentido de lograr consolidar los cambios, como también el apoyo de la deuda social y la incorporación de la cohesión social mediante leyes aprobadas por el Congreso.

En este sentido, la crisis de la DC, que termina con la expulsión de Adolfo Zaldívar, y la renuncia de 5 diputados al partido, representa para la agrupación una crisis en su grado menor.

Sin embargo, el dato más relevante es que la Concertación pierde la mayoría legislativa, tanto en Senado como en diputados. Ello significa que el nuevo gabinete debe ser capaz de ser eficiente en lograr la máxima aprobación legislativa de los proyectos asociados a la oferta programática de la Presidenta, como también generar una capacidad de negociación con la Concertación, los “independientes” y una fórmula que permita sumar a la Alianza para lograr los acuerdos o, en su defecto, neutralizar la capacidad de chantaje de los díscolos de la Concertación.

La tercera cuestión es saber si el nuevo gabinete tendrá el espacio, el respaldo y la autonomía suficiente para definir los términos de negociación sin que ello se interprete como una erosión del poder de la Presidenta.

El tema de fondo es simple y se reduce a responder la siguiente pregunta ¿el éxito del gobierno depende de ignorara a los díscolos e independientes y generar una alianza con la derecha o se trata solamente de un efecto mediático, donde la negociación con la Alianza se dará a último minuto con el sólo afán de sacar la agenda adelante?

Ello nos lleva a plantear si se volverá a repetir o no la incomunicación y falta de respaldo que tuvo el anterior ministro del Interior y si efectivamente este nuevo gabinete, más allá de que utilice todos los recursos disponibles, pueda obtener triunfos que han sido esquivos en los últimos dos años.

Es necesario tener presente que si bien la Presidenta ha recompuesto el vínculo, lo cual no significa necesariamente la confianza con el empresariado, los temas laborales suponen una definición gubernamental en torno, por ejemplo, a la subcontratación. En esta perspectiva, y más allá de los equilibrios y la forma en que se negocie el poder, parece olvidarse que el ciudadano considera la deuda social como un bien que le pertenece por sí mismo y que no forzosamente responde a una definición ideológica, lo que no interfiere en su expectativa y desarrollo futuro.

Con este escenario, más allá de las negociaciones con los díscolos e independientes, es necesario agregar el costo implícito de lograr confianza y coordinación entre todos los nuevos designados en los distintos niveles del gobierno, pues pareciera entenderse que la Presidenta ha delegado la responsabilidad del éxito en Intendentes, Gobernadores y Ministros. En realidad eso genera dudas razonables en virtud del funcionamiento gubernamental en los dos años anteriores, donde las confianzas de la Presidenta y de sus asesores ha sido selectiva, excluyendo a quienes tienen la capacidad de generar agenda propia. Todo ello no significa desconocer la valoración positiva de la agenda presidencial, sino enfatizar el hecho simple y evidente de que las decisiones de la Presidenta mejoran cuando posee un mejor abanico de posibilidades y cuando logra involucrarse directamente en el sello de los acuerdos.

Si Pérez Yoma es el jefe de gabinete y el conductor del proceso lo sabremos recién en marzo y sus resultados inmediatos en el discurso del 21 de mayo de 2008. Si resulta que no es así se debe tener cuidado de no culpar directamente a la Presidenta y más bien asumir que el círculo de asesoría presidencial exige una correcta institucionalización más allá de la confianza personal de la mandataria, pues quedaría en evidencia que el tema nunca estuvo radicado en los ministros sino que en la fórmula de conducción política presidencial.