Jamie Cullum - What A Difference A Day Made

La actividad política en Chile se ha convertido en un permanente y ampliado juego (o guerra) de trincheras, donde cada cual se posiciona de un sector desde donde se siente en la plena libertad de lanzar criticas, acusaciones y, en una de esas, hasta propuestas. Lamentablemente, las críticas, acusaciones y descalificaciones hacia otros o como respuestas a los dichos recibidos aparecen como la tónica habitual en la que se mueven los actores políticos. Mientras, las propuestas suelen caer en la más profunda indiferencia y posterior olvido. Veamos tres aspectos de esta suerte de guerra de trincheras en que se ha convertido nuestra democracia.

Veamos el primero. Nuestra mentada democracia -que todos señalan defender- pasa a expresarse en batallas pequeñas que intentan ser presentadas como sustantivas para nuestro desarrollo pero que, sin embargo, no son otra cosa que la expresión primaria de una enconada lucha por el poder. De esta forma, no debe extrañarnos, por ejemplo, que las municipales tiendan a presidencializarse, instalando un escenario político que se caracteriza por su alto nivel confrontacional y sin mayor contenido. Al efecto, pareciera que el contenido lo estuviera dando la Contraloría con la emisión de sus informes. Al final, el municipio que no tenga informe de Contraloría será considerada casi una elección sin sentido que asegura la reelección.

Al respecto, y especialmente en torno al contenido de las propuestas políticas. El rol de Contraloría, en la medida que su fiscalización es ex – post, es decir, audita, revisa e informa una vez que los procesos ya han culminado, debiera tener como consecuencia lógica tomar nota de dichos informes como un insumo necesario para mejorar la gestión municipal y hacerla mas ágil y transparente. Eso implica reformas a la ley. En efecto, parte importante de las irregularidades resultan ser faltas, errores o vacíos administrativos, u otras acciones involuntarias, que se producen por distintas razones. En pocos casos se trata de corrupción. Por tanto, si la campaña municipal y la agenda política va a estar referida a defender o atacar a quienes aparecen relacionados en dichos informes sin asumir la tarea de mejorar la legislación para que ello no se produzca, no cabe duda que estamos frente a una visión no solo reduccionista de la política sino que claramente no estamos abordando ningún tema de relevancia para el desarrollo comunal y social de Chile. Al final, parece una típica fórmula de facebook para saber “qué tan corrupto eres” donde la respuesta esta dada por las veces que aparece mencionado en un informe de Contraloría. Lo notable es que los actores políticos consideran todo ello cono normal y parte del juego democrático.

Desde otra perspectiva, los partidos y líderes políticos logran convertir a la Contraloría en un efectivo cuarto poder de facto, toda vez que alrededor de ella se define parte de la agenda política del país. Estemos de acuerdo en que ello implica una debilidad democrática que, por cierto, no es responsabilidad del Contralor, sino de quienes se aprovechan de sus informes y auditorias para atacar a sus oponentes y enemigos.

La segunda trinchera esta asociada a esta idea de crisis que conforme lo ha declarado el gobierno no existe, pues Chile mantiene sus equilibrios macroeconómicos, así como sus niveles de reservas, pero no es ajeno a los vaivenes internacionales. Sin duda todo eso es cierto. Sin embargo, las crisis en general, y especialmente las políticas, se definen por la percepción antes que por los hechos. De esta manera, si se ven las noticias, internacionales y nacionales, será posible establecer el grado de preocupación mundial existente en torno al petróleo, los alimentos, el cambio climático, la seguridad ciudadana o pública y otros temas que tienen su directo correlato en la realidad cotidiana de los ciudadanos, quienes “sienten” directamente el alza de los combustibles, de los alimentos, el aumento de los desastres naturales, el aumento de la delincuencia no obstante los éxitos policiales que, a su vez, dan cuenta de que la percepción de inseguridad era correcta, y frente a lo cual las medidas anunciadas pro el Gobierno, si bien han mitigado en algo sus efectos, no logran superarlos o neutralizarlos. A su vez, la agenda política no da cuenta de cómo Chile enfrentará en el futuro estos temas que ya están asumidos en la agenda de otros países y grupos internacionales, como es el caso del G-8. En Chile, tanto los líderes como los actores políticos no dan espacio para eso, a pesar de las propuestas presentadas por el Senado, increíblemente de manera unánime, respecto a temas como al energía y la gestión económica. Lo interesante es que el Gobierno recibe dichas propuestas pero no las procesa, por considerar que eso es materia de decisión del poder Ejecutivo y no del poder Legislativo. Permítame la ironía al señalar que Ejecutivo y Legislativo no son dos países distintos que se hayan creado por una división del antiguo Chile que nadie se enteró; sino que se trata de dejar establecido quien tiene el poder, olvidando de pasada esos términos como bien común, servicio público, bienestar social y otros que dan cuenta del objetivo asociado al ejercicio del poder político. En estricto rigor, estas son muestras del pensamiento liberal más clásico que el mismo liberalismo se encarga de controlar, como es que el poder tiende a concentrarse y mientas más posibilidades de que eso suceda, mayor abuso y menor relación con la sociedad tiene. Normalmente eso pasa cuando no hay efectivos pesos y contrapesos al poder.

Lo anterior, sin embargo, tiene otra consecuencia que es necesario destacar y que nos permite pasar al tercer aspecto. Cuando el poder se refugia solamente en la investidura asociada a su autoridad y disminuye las instancias de dialogo, resulta evidente de que se abre una instancia política de exclusión que define esta guerra de trincheras, pues la interacción se termina haciendo a través de los medios o a a través de terceros, evitando el dialogo directo entre los actores o miembros de la elite política de un país.

Si a ello se suma la definición presidencial de no querer entregar la banda presidencial a la oposición, sin querer queriendo plantea una cuestión más de fondo, incluso más allá de que ello sea su personal e intima convicción, como es el hecho de que legitima directamente la confrontación política directa de naturaleza conflictiva, validando todo ello como mecanismos utilizables para mantenerse en el poder. Lo mismo sucede con las aclaraciones a las que se sometió el Ministro del Interior, por señalar simplemente la necesaria observancia y consideración del principio de alternancia en el poder que es inherente a la democracia.

El Gobierno considera inapropiado, al menos, señalar que el poder se puede perder, pues e asume como una visión derrotista. Igualmente, Gobierno, Concertación y Alianza participan activamente de amenazas y escaramuzas mediáticas para desprestigiar y descalificar al otro o colocar obstáculos burdos en sus estrategias. Creemos que cuando en un régimen democrático hay un diálogo mínimo, hay una evidente exclusión de temas estratégicos en la agenda política, se plantean trincheras para el gobierno, los empresarios, los trabajadores y los partidos y se insiste en que los únicos problemas que nos podrían afectar son de tipo económico y frente a ello estamos bien preparados, parece olvidarse que la democracia constituye un valor que debe apreciarse, cuidarse y consolidar entre todos. Si ello no fuese así, tememos que nuestra democracia avanza silenciosamente a una crisis, básicamente porque ninguno de los interesados parece querer escucharla, salvo los ciudadanos que cada día se alejan mas y mas de ella. Nótese, a modo de corolario, que el “mercado electoral” lejos de sumar electores, los resta de manera dramática.

La actividad política chilena pareciera estar en una etapa de profundo aletargamiento, de larga introspección y aislamiento, orientada a la búsqueda de su esencia país. Por alguna razón, se ha vuelto hacia si misma de una manera poco tradicional, si se considera la posición en la cual se encuentra actualmente.

El futuro nos aplasta

No puede pasar desapercibido el grado de conflictividad que vive nuestra sociedad en distintos ámbitos. Ya sea en lo social, económico, político e incluso tecnológico y en cada una de sus diversas expresiones. La confrontación aparece como un elemento común y, además, frecuente. Más aún, se percibe un aumento de los actos de violencia como mecanismo o método para conseguir los objetivos, ya sea de quienes protestan, exigen o solicitan alguna respuesta como de aquellos que ven en la violencia la última y mas eficiente forma de terminar un conflicto, imponiendo una imagen de triunfo de dudosa legitimidad.

Es una cuestión aceptada, y desde hace bastante tiempo, que el conflicto es connatural a la existencia del hombre y, por tanto, su presencia constituye un factor de cambio que adecuadamente orientado no solo es funcional sino que define el grado, profundidad, contenido e intensidad de la evolución política, económica y social y sus implicancias en sus distintas dimensiones y niveles. Por ello, la orientación del conflicto y la forma en que se desarrolla resulta ser una cuestión que suele focalizar el análisis en el ámbito político, ampliamente considerado, de manera de establecer las formulas y procedimientos que posibiliten su solución.

En el siglo XX, la idea del conflicto como motor final del cambio se orientaba desde la base social para tomar el control del Estado y de esa manera cambiar el modelo y forma de dominación, siendo el objetivo final la desarticulación y desaparición del Estado tal como era conocido. Por otro lado, quienes consideraban que el conflicto era una patología social se refugiaban detrás del Estado bajo la idea de orden y estabilidad expresados en leyes y en las capacidades de coerción del Estado que permitiesen evitar que el conflicto orientado con fines revolucionarios, pudiera socavar el orden político imperante. Las soluciones se imponían mediante complejas negociaciones planteadas por los partidos versus la amenaza permanente de mayor violencia o de mayor intensidad en la coerción legitima del Estado.

Sin embargo, en el siglo XXI el conflicto no solo se asume como parte de los procesos sociales en general, sino que además, se suman nuevos actores y se incorpora la incertidumbre y el riesgo como elementos que influyen directamente en su generación. Al efecto, el conflicto lejos de minimizarse al finalizar la guerra fría y el enfrentamiento directo en bloques, tiende a aumentar pero ya no en la lógica del siglo pasado, sino que bajo escenarios de alta incertidumbre, con liderazgos políticos débiles, con un Estado que ha debido dejar lugar a los organismos internacionales y a las ONG’s, junto a una sociedad civil activa y dispersa y con disminuidos grupos que ya no se unen ciegamente a propuestas ideológicas o partidarias. Por otra parte, se desarrollan nuevas metodologías de resolución asumiendo la complejidad, diversidad y multidimensionalidad del conflicto. De esta forma, los mecanismos para superarlo se centran en el dialogo, en la generación de espacios de cooperación, en la inclusión, la negociación directa y focalizada en que las partes obtengan el mayor beneficio y con el menor costo posible. En la práctica, se asume un proceso conflictivo con una cuota de cooperación, y donde la orientación del cambio renegocia no respecto a los intereses en disputa en la coyuntura sino que respecto a la legitimidad futura en la distribución de poder o en la ventaja decisional, lo que obliga a pensar en el futuro, a generar propuestas macros desde donde se deriven los aspectos específicos y, finalmente, posean la característica de incluir a todos los actores de forma directa o indirecta.

En el siglo XXI el conflicto considera la interdependencia como un factor crucial. Se trata de aceptar que ningún actor puede conseguir sus objetivos sin la participación activa del resto. Ello conlleva exigencias distintas para lograr desarrollar negociaciones y esquemas cooperativos.

La idea de presentar esta distinción básica entre el conflicto del siglo XX y el XXI no busca otra cosa que dejar establecido que cuando en un país los niveles de conflictividad aumentan y su debate internos de superación se hacen bajo la lógica del siglo XX, como es el caso de Chile, las posibilidades de lograr la mínima legitimidad necesaria ante la sociedad y ante los adversarios disminuyen drásticamente.

En este contexto, los actores que se enfrentan en conflictos, llámense Gobierno, partidos políticos, movimientos políticos o sociales lo hacen bajo un esquema de coyuntura donde su horizonte de tiempo es como máximo la próxima elección o, en su defecto, la solución inmediatista a su demanda. A su vez, el diagnóstico de los hechos se basa en las ideas del siglo pasado donde la confrontación se interpreta forzosamente como directa y excluyente. Adicionalmente, las soluciones que se encuentran normalmente en manos del gobierno, se plantean en términos de beneficios de imagen y comunicación más que en un sentido estratégico. Es decir, los problemas, lo conflictos y sus soluciones se analizan desde lo micro hacia lo macro.

Desde esta perspectiva, ¿podría usted señalar cual es la diferencia entre quien esta en el gobierno y quien esta en la oposición respecto a la lógica para el manejo de los conflictos? Es justamente esta reflexión la que se precisa para hallar un fundamento a nuestra contingencia y aceptar que ella no tiene sentido sin un objetivo futuro claro y relacionado al sentir ciudadano. Todas las soluciones vía subsidios o aportes estatales con el solo fin de controlar conflictos y no crear condiciones de futuro, llevan la esencia letal de más conflictividad futura. Del mismo modo, el planteamiento de negociaciones asociadas a las lógicas del siglo XX en que se enfrentan capital y trabajo o, simplemente, Estado versus sector privado, llevan el similar germen para nuestro horizonte social y político.

Quienes sostiene que ello se maneja manteniendo el equilibrio macroeconómico y estableciendo una suerte de política estática asociada aun liderazgo fuerte, suelen olvidar a los demás actores que se sienten excluido y que demanda algún grado de participación mayor. Se olvida que la interdependencia y con ella la coordinación y la cooperación, solo es posible, en el siglo XXI, validando al otro, integrándolo en un espacio que tenga incorporadas las variables portadoras de futuro.

Demás esta decir que Chile se encuentra en un punto de inflexión respecto a su desarrollo y también a su crecimiento. Temas como la energía, el medioambiente y el calentamiento global, la crisis alimentaria y la desigualdad resultan ser los temas macros que determinan las posibilidades futuras de Chile. Sobre estos temas no hay debate y donde se han abierto ventanas, no hay acuerdos ni tampoco esbozos de construir una visión estratégica. En lo que respecta al tema económico es evidente la necesidad de cambios, los que fueron debatidos y acordados por unanimidad en el senado y entregados al Gobierno, donde no han sido considerados.

Los diálogos están limitados o cortados al interior del gobierno y entre los poderes del Estado. Los partidos están en una dinámica de permanente confrontación interna y preocupación electoral, la sociedad y sus distintas agrupaciones protestan y aportan al clima de conflicto y las soluciones se ven con ópticas del siglo pasado. En estas condiciones puede que no importe quien gobierne, el futuro nos aplasta.

Crisis o seudocrisis

Resulta difícil sustraerse, al menos desde el punto de vista de la actividad política, a la supuesta crisis que se ha planteado en la Concertación con el surgimiento de dos listas para las municipales, donde la DC y el PS forman un bloque, mientras que el PRSD y el PPD resultan ser los partidos gestores de una suerte de división en la Concertación.

Por una parte, no se puede desconocer el hecho obvio de que al aplicarse un sistema electoral proporcional surge naturalmente el incentivo para ir desagregados con el fin de “pesar” individualmente a cada partido. Al efecto, las fórmulas proporcionales al integrar a las minorías y a los partidos pequeños obligan a éstos a optimizar la captación de votos para lograr pasar el umbral que les permite obtener representación.

En esta perspectiva, y en el caso específico de la Concertación conformada por cuatro partidos, resulta lógico sostener que el mayor rendimiento de votos para cada uno de ellos se obtiene al ir en listas separadas, ya sea en pares como ha sucedido ahora o individualmente. Obviamente, en esta circunstancia el resultado de esta aplicación significa modificar la correlación de fuerzas conforme la cuantía de votos obtenidos en la elección. Hasta ahora, el conglomerado actuaba como un partido (Concertación) en la medida que llevaba una sola lista cuyos cupos se distribuía de acuerdo al tamaño y votación histórica de las distintas facciones (partidos).

Si el sistema electoral que se aplica a las municipales incentiva justamente este tipo de comportamiento. Si, además, este sistema proporcional fue aprobado en su oportunidad con un avasallador apoyo de la propia Concertación. Si la Concertación se sigue autodefiniendo como una alianza electoral. ¿por qué se habla de crisis política, al punto que la propia Moneda y ex - Presidentes deban intervenir?

Antes de esbozar algunas líneas de trabajo para responder a todo ello, nos parece necesario reflexionar acerca de la facilidad con la cual se amplifican y muchas veces se exageran los hechos que definen el día a día de nuestra sociedad. En esta ampliación o exageración, los medios juegan un rol importante, pero no cabe duda que ello no tendría impacto si no hubiera actores políticos dispuestos a validar los hechos. En un análisis mas profundo, las crisis aparecen cuando los conflictos políticos asociados a la imposibilidad de imponer la voluntad o al choque frontal de intereses de los actores que interactúan llega aun límite donde la crisis aparece provocada con el fin de amilanar y neutralizar al oponente, logrando que éste deponga su actitud y se someta a quien maneja la crisis.
En el caso que nos ocupa vale, además, preguntarse, ¿la democracia en Chile se ve afectada si la Concertación deja de existir? O, al revés, ¿es la Concertación un respaldo efectivo del sistema democrático? (demás está decir que estas mismas preguntas se pueden aplicar a la Alianza por Chile). Dependiendo de cómo se respondan esas preguntas tendremos como conclusión que la Concertación sobrevalora su actual aporte a la democracia. En los hechos están surgiendo nuevos partidos regionales y nacionales, que seguramente tendrán representantes al menos a nivel de concejales y posiblemente alcaldías.

Con todo lo anterior, resulta evidente que el escenario político partidista enfrenta cambios que se van a expresar plenamente el año 2009, pero donde la profundidad de dichos cambios dependen en cierta forma de los resultados que se obtengan en las municipales.

Por otra parte, y ya avanzando en la respuesta, el hecho de que los partidos políticos aprovechen las ventajas del sistema proporcional, no implica que debiera existir una crisis política en las coaliciones. Muy por el contrario, si la Concertación se define como pacto electoral, nada impide que aprovechen las ventajas y exigencias del sistema binominal y vayan juntos en las elecciones parlamentarias y en la presidencial.

Lo que si es cierto, es que al ir en listas separadas a nivel local, se genera una optimización de la votación de los partidos más chicos que les puede permitir modificar su peso relativo al interior de la coalición y con ello se modifican los términos de negociación, afectando el marco en que se debería desarrollar las correspondientes a las parlamentarias y presidenciales. En otras palabras, se produce una redistribución de poder al interior de la coalición que se refleja en su capacidad de negociación e influencia. Quienes suelen perder en este tipo de esquemas son los partidos grandes que normalmente mantienen su posición en virtud del soporte que le da el resto. En este caso, el mayor costo lo podría tener la DC, en la medida que su respaldo electoral no sea sólido ni muestre posibilidad de ampliarse a otros sectores. Del mismo modo, y tal vez sería el mayor riesgo para la Concertación, el enfrentamiento personal de los candidatos.

El tema de fondo, el cual se relaciona con los tres escenarios planteados someramente en nuestra anterior columna, se refiere a las condiciones políticas que se deberían construir –asumiendo que ello es posible- para llegar al mejor escenario presidencial. Es justamente en torno a este punto donde las discrepancias de la DC y el PS respecto a sus socios PRSD y PPD surgen con mucha fuerza.

La debilidad del argumento DC-PS está en el supuesto de que la realidad política no cambia. Esto es que la salida de senadores y diputados del partido no implica cambio, que el surgimiento de nuevos referentes políticos tampoco supone un impacto. Es decir, se plantea un escenario que se basa solamente en la unidad de la Concertación sin evaluar adecuadamente los cambios en el entorno.

Por otra parte, el efecto no deseado de una crisis mas manejada es que exige cambios profundos en las relaciones, pudiendo convertirse en un problema no deseado en la medida que contamina las confianzas y disminuye el dialogo.

En política, tal cual que en otras áreas del quehacer humano, los extremos son malos. Las crisis debieran surgir como resultado de un proceso conflictual, entendiendo que cuando la crisis se acelera ex – profeso, los cambios pueden ser justamente aquellos no deseados. La democracia chilena esta en un estadio de lenta evolución sin liderazgos claros y sólidos. Cuando se plantean crisis artificiales o con poca madurez respecto a sus componentes, el desgaste político es muy alto y los resultados son paupérrimos.

Un resultado obvio de esta seudo crisis, es que la Concertación tendrá que definir los elementos de convergencia que los caracterizan para poder enfrentar las próximas elecciones. Por el momento, este espacio que se abre por un conflicto inexistente será aprovechado por los movimientos y partidos emergentes que empiezan a ser observados por los desencantados de la partitocracia criolla.

What Does Provoste's Ouster Mean for the Bachelet Government?

Chile's Senate last week voted to remove Education Minister Yasna Provoste from office for alleged financial abuses at the ministry, the first time a cabinet-level official has been dismissed by Congress since Chile's return to democracy in 1990. What is the significance of Provoste's ouster for the government of President Michelle Bachelet? What does it say about the strength of the opposition? PUBLICADO POR INTER-AMERICAN DIALOGUE'S, 25042008

AGuest Comment: Guillermo Holzmann: "This was a defeat for the government. First, it meant losing a minister who had projected leadership in her field—particularly in the face of problematic sectors and people with demands—like students and teachers, auguring a strong political future for her. In addition, she represented the renewal of women political leaders. Second, the government is bearing the cost of conflicts among the Concertacion parties, which resulted in the resignation of several deputies and senators (the so-called 'unruly ones') from their respective parties and which definitively solidified the majority that removed Minister Provoste from office, showing the the government's lack of negotiating ability to win enough backing to save Provoste. The opposition won an important political triumph. On the one hand, it established the perception of generalized corruption in the government that will require the president to apply a zerotolerance policy to any irregularity. However, this 'new majority' is not entirely Alianza. This means a diverse minority will be strengthened with a high aptitude for bribery to assure the government's flagship projects are not approved if the government can't establish an efficient and credible platform to negotiate with the 'unruly' lawmakers. In conclusion, Chilean democracy was weakened in this conflict, opening the door to even more intense conflicts in the future."

Guest Comment: Jorge Heine: "The ouster of Education Minister Yasna Provoste has been a serious setback for President Bachelet. It came in tandem with another, a decision by the Constitutional Court to ban the free distribution of the 'morning after' pill, in a country where abortions are illegal and 50 percent of children are born out of wedlock, mostly to teenage mothers. Yet on both issues the government has a majority of public opinion behind it, and much depends on how it gears up for next October's municipal elections. Bachelet, whose approval ratings are at 50 percent, can use the new sense of unity within the Concertacion—the ruling coalition—to mount an aggressive campaign and gain a solid victory in October, repositioning the center-left for the December 2009 presidential elections. The right-wing opposition is in a quandary. Having tasted blood and consolidated its new majority in the Senate, first with the election of expelled Christian Democrat Adolfo Zaldivar to its presidency, and then with Provoste's impeachment, it is looking for more, in keeping with the estrategia del desalojo ('throw out the rascals') of Senator Andres Allamand. Yet Chileans don't like confrontation. Neither does Sebastian Piñera, the billionaire opposition leader at the head of all presidential polls. Having opened the Pandora's box of ministerial impeachment, the opposition could well use it to paralyze the government. If it does, it may, in the best tradition of the past 18 years, become its own worst enemy."

AGuest Comment: Patricio Navia: "The removal of a cabinet minister by the Chilean Congress ... represents much more a symptom of the deteriorating quality of politics than evidence of increased corruption or a signal of an implosion within the ruling Concertacion ...When Bachelet opted to confirm Provoste as minister, the opposition Alianza used a constitutional provision to force her removal. Because the PDC expelled a few legislators a few months ago, the Concertacion no longer controls a majority in the Chamber of Deputies or the Senate. Thus, with support from the former Concertacion legislators, the Alianza successfully forced the the minister of education's removal. The bickering had high costs for all those involved. The government knew it would lose the fight, but instead of sacking Provoste, Bachelet decided to carry on with the process, which consumed several precious weeks of the legislative calendar. In addition, the government gave the former Concertacion legislators a perfect excuse to form a working coalition with the Alianza; thus, a new opposition majority has emerged in Congress. For the Alianza, the affair was more costly than beneficial. Although it was able to disturb the Bachelet government and force a minister out, the new 'working majority' will force it to take more populist stances and will allow the Concertacion to question the Alianza's ability to offer a coherent government program for the 2009 election. Because of the accusation, press attention centered on Provoste and not on the investigation of the lax administrative procedures in the ministry of education.With Provoste gone, Bachelet now needs to regain control of the political agenda, but her legislative agenda will have a much tougher time advancing. The Alianza needs to focus on the 2009 election rather than on causing more damage to an already weakened government. And Chileans now have to start worrying about their political elite, which seems much more interested in party bickering than on discussing policies and confronting ideas to face current economic and social challenges."

Guillermo Holzmann is a Professor and Assistant Director of the Public Affairs Institute at the University of Chile.
Jorge Heine is CIGI Professor of Global Governance at Wilfrid Laurier University in Canada and a former Chilean Ambassador.

Patricio Navia is a Professor of Political Science at New York University.

Balance y Proyecciones. O el balance de una democracia en decadencia.

Luego de todo el desgaste político asociado a la acusación constitucional contra la ex ministra Provoste, resulta imperativo, al menos desde una perspectiva de los valores democráticos, intenta avanzar en un balance. Al efecto, la acusación existe en virtud de una reforma constitucional que contó con los votos entusiastas de parlamentarios de la Alianza y Concertación, aún cuando eran dos bloques con cierta homogeneidad de pensamiento y que se mantenían como dos referentes representativos únicos. En su momento, nadie pensó que ello podría deshacerse en el tiempo. Más allá de esa evidencia, es mas que razonable sostener que la existencia de un instrumento político permite su uso –incluso como arma en la política contingente-, razón por la cual no es dable, ni menos aceptable, criticar o negar o plantear que su utilización es necesariamente un abuso o una deslealtad o una ilegitimidad. El sólo hecho de avanzar en esa línea argumentativa significa generar una debilidad democrática evidente en torno a los procesos democráticos propiciados y aceptados por la clase política. Del mismo modo, sostener solamente una cualidad jurídica de la acusación constituye un despropósito respecto a la naturaleza política que ella posee. Eso significa que los argumentos son políticos y no jurídicos y que el principal eje suele ser en torno a la “responsabilidad política” o si usted prefiere a la ética en la política.

Un segundo ámbito de balance a este respecto, tiene que ver con su puesta en escena mediática. No cabe duda que Shakespeare e incluso el mismo Parsons, estarían en condiciones de reescribir sus obras agregando elementos de dramatismo sobre la vida y la muerte en el caso del primero, y ampliando la idea de actor y rol político en el caso del segundo. Ello por decir lo menos. La conclusión de todo este “polireality”, en la medida que ha significado su seguimiento tal como si fuera una producción por capitulo y que ha sido dirigida hacia grupos objetivos previamente definidos, no es otra de que la finalidad última pareciera estar asociada a que al termino de estos cuatro años, el gobierno podrá haber sido malo pero tenemos una imagen de la Presidenta que esta por sobre todo ello. Con tal fin, la tolerancia cero a errores, mala gestión y actos corruptos se penaliza con la destitución o la renuncia forzosa.

En otras palabras, el tema es cómo se logra una imagen positiva de la Presidenta asumiendo que las negociaciones con el legislativo, la gestión ministerial, regional y local parecen indicar graves dificultades para obtener un grado de cumplimiento mas que aceptable del plan de gobierno. En este contexto, el gobierno empezó a jugar dentro de un escenario pesimista, pero a su vez, muy realista si se consideran las opiniones provenientes desde el interior del sistema político.

El tercer ámbito de balance, sin duda, tiene que ver con la reunión de escolares de enseñanza básica para escuchar los discursos políticos de dirigentes DC, incluida la propia ex Ministra. Por mucho que se plantee que los padres autorizaron la movilización de los niños, no parece de sentido común, no parece razonable que el discurso realizado por la ex - ministra, debiera tener el tono politiquero y de profundo contenido ideológico del siglo anterior, esto quiere decir descalificatorio y excluyente.

Lo preocupante es la perdida de sentido común, la pérdida del sentido democrático asociado a la construcción social. Cuando los líderes políticos, cualesquiera que ellos sean y que llevaban semanas aprovechando las amigables (e interesadas) páginas de los medios de comunicación para proferir una cantidad impresionante de epítetos, opiniones excluyentes y de evidente violencia política pierden el sentido común en su definición mas simple, sin duda hay que preocuparse, pues queda en la retina de cualquier ciudadano –informado o no- que la violencia asociada al discurso político y a la acción en la calle se convierte en la fórmula mediante la cual se obtienen resultados, no importando si con ello se debilita nuestra construcción democrática.

En definitiva, el balance no es auspicioso para la evolución de nuestra democracia. La violencia política en su vertiente verbal y social vinculado a protestas y acciones concretas, ya es una realidad que se amplia a un ritmo creciente conforme pasen las semanas. De hecho, cuando usted reciba esta revista tómese el tiempo para contar cuantas protestas hubo en las calles u cuántos adjetivos calificativos de tipo negativo y denostantes han sido utilizados por los miembros de nuestra clase política.

El cuarto elemento del balance se refiere a que se equivocan quienes insisten en hablar de una “nueva mayoría”, pues acá lo que se ha instaurado es una minoría intensa con una alta capacidad de chantaje y cuya neutralización significa un cambio en los paradigmas de negociación del gobierno, de los partidos y de los actores sociales y políticos que concurren a alimentar la agenda política como si ella fuese lo mas cercano a un “champion” donde solo se debe seleccionar un animal, y luego apoyar al equipo que logra un mejor puntaje en su derrota.

El punto central del balance no está en el uso de un instrumento institucional aprobado por el propio Congreso, ni tampoco en como los medios –cuya responsabilidad en el sostenimiento de la democracia ameritaría un análisis aparte-, sino que en el comportamiento de cada uno de los actores y líderes (gobierno incluido) quienes han preferido “dialogar” por la prensa, plantear sus intereses como si fueran los únicos, tratar de impresionar al futuro votante en vez de construir plataformas de dialogo que puedan ser institucionalizadas, que permitan la generación de ideas, que faciliten la cercanía entre ellos y la ciudadanía. En fin, fortalecer la democracia a partir de lo que le es propio: el dialogo abierto y transparente.

Cuando se logra afianzar la odiosidad política como parte del ejercicio democrático, ella siempre lleva aparejado un aumento d ela violencia social y política en sus diferentes expresiones. Frente a ello, no hay institucionalidad que aguante ni que sea capaz de resistir (la historia avala el aserto), siempre ella será superada por los hechos y no habrá discurso alguno que logre amortiguar sus efectos, los que normalmente son perversos. El futuro de nuestra democracia parece descansar cada vez mas en los propios ciudadanos, pero ¿cómo harán ellos para hacer valer su voz de auxilio frente a liderazgos que insisten en ser poseedores de la verdad?. La búsqueda de la respuesta –que probablemente no será única- permítame que se las deje a ustedes.

Libertad y politica

La democracia es una expresión política de la sociedad cuya finalidad es establecer mecanismos que eviten la concentración de poder, cooperar a una participación horizontal y vertical, generar representación y espacios de dialogo donde la libertad del individuo se pueda manifestar ampliamente. Adicionalmente, la democracia como instrumento político orientado a la busqueda del bien común general debe ser capaz de plantear instrumentos idoneos para resolución del conflicto. Con certeza se podrían agregar muchas caracteristicas adicionales, pero todas ellas se orientan y proyectan a dotar de mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad y de cada uno de los individuos.

La naturaleza política de la democracia, especialmente en el siglo XXI, no esta asociada a la generación de un modelo de sociedad rigido o excluyente, sino que al reconocimiento de la sociedad como contexto en que el hombre se desarrolla en pleno ejercicio de su libertad. Si bien en el siglo XX las confrontaciones se planteaban en torno a cual ideología era capaz de usar de mejor forma el Estado y sus recursos para definir el modelo de sociedad que se quería imponer, en el siglo XXI resulta imposible la construcción de cualquier tipo de sociedad sin consultar o considerar la opinión de los componentes de esta sociedad.

En esta perspectiva, nos parece complejo el fallo de Tribunal Constitucional. Primero que nada porque ha sido presentado por representantes políticos, segundo porque se plantea como formula para definir un tipo de sociedad de quienes comparten una vision teologica acerca del hombre. En los hechos ello implica una implementación forzosa para todos aquellos que no estén de acuerdo en ello. Pero, sobre todo, resulta ser una muestra de una alta desconfianza en la forma en que su libertad los individuos. Al efecto, el uso o no de la píldora debiera estar en la natural conclusión que cada miembro de la sociedad realice en pleno ejercicio de su libertad individual.

El fallo, por otra parte, deja en evidencia la falta de una educación para la libertad. La libertad no se traduce solamente en un comportamiento de naturaleza animal sino que se complementa en las cualidades humanas que llevan un porcentaje importante de consideraciones de distinta naturaleza pero que siempre tendrá como limite a la sociedad y su bienestar. Ello significa que cada creencia religiosa y filosofica debe educar a sus seguidores respecto a la forma en que concibe la libertad, la felicidad y una serie de otros aspectos que son de especial relevancia para los seres humanos. En este contexto, si se prefiere que las conductas asociadas al ejercicio de la libertad deban ser definidas e impuestas mediante normas legales, se esta entregando una potestad al Estado que, en el siglo XXI, no esta en condiciones de cumplir y exigir a sus ciudadanos. necesario para que una exigencia legal para que un católico, un protestante o un evangelico cumplan con sus deberes y compromisos eclesiales y doctrinarios que voluntariamente han asumido? Por que razón debe ser el Estado el que obligue a un determinado comportamiento cuando las propias iglesias no ensenan a usar la libertad a sus seguidores?

Por que el Estado no hace un llamado a todas las instituciones religiosas y filosoficas para que ensenen a sus seguidores y simpatizantes a a usar su libertad conforme sus creencias y el entorno social y cultural en que se encuentran?

Es necesario asumir y aceptar que la democracia, el Estado, la política e incluso las religiones, deben enfrentar un ambiente de cambios y transformaciones en el siglo XXI, en lo cual es necesario educar a la sociedad. Es cierto que el Estado sigue siendo un actor primordial pero ya no es el único; la sociedad y cada individuo tienen un espacio que es necesario respetar y proteger.

Lo juridico y su expresión en normas es un complemento fundamental en la política, pero no es el unico. Cuando se intenta plantear que lo jurídico es sinónimo de lo político, no solo es una visión reduccionista muy propia de los siglos anteriores, sino que se desconoce la mas elemental cuestión que da paso a parte importante de la evolucion del hombre y la sociedad, como es el equilibrio que debe existir entre hombre – naturaleza y creencias religiosas.

Si la separación entre razón y fe o entre iglesia y estado en el siglo XVI definió la forma de construccion social a partir del ser humano racional y en su integridad, el proceso de globalización con el cuestionamiento al Estado en su calidad de único instrumento de dominación social, vuelve a plantear la búsqueda de nuevas formulas para que el hombre defina las caracteristicas de su orden social. Ello implica la plena vigencia de lo político en la sociedad, donde ni iglesias, ni corrientes filsoficas ni ideologías pueden atribuirse una interpretación restringida de la libertad.

Por lo demás, no se requiere ser progresista para defender la libertad. El sentido de lo político subyace en el simple hecho de la existencia de la sociedad.

En otro tema, pero siempre en la relevancia de lo político, baste un comentario respecto a la acusación contra Yasna Provoste. La acusacion hecha en un poder del Estado como es el legislativo, debe basarse en criterios y argumentos políticos, donde el mas recurrido cuando se trata de este tipo de acusaciones es la “responsabilidad política”. Para ello no se requiere definir un delito ni argumentar juridicamente, sino que establecer a ciencia cierta que el ejercicio de un cargo político conlleva una evidente preocupacion por velar el buen funcionamiento de los organismos dependientes a favor de la sociedad o sectores de esta cuando se trata de temas especificos. Ello no implica, en ningun caso, asumir que la falta de responsabilidad política es sinónimo de corrupción, pues ambos se refieren a estadios distintos y que eventualmente pueden estar vinculados.

En definitiva, Chile parece estar decidido volver al pasado y negarse a construir el futuro. No se podria concluir otra cosa cuando vemos que la Iglesia asume un protagonico rol político en virtud del vacio que dejan las propias instituciones democraticas, o cuando lo jurídico se transforma en el centro de lo político intentando definir el tipo de sociedad, o cuando se plantea que el eje de la justicia social se basa en la modernización del estado. En cada uno de estos casos, lo que estamos viendo es un retroceso producto de nuestra propia ignorancia respecto a como se debe avanzar en la protección de la libertad, en la generación de una sociedad inclusiva y en construcción de un estado orientado a los individuos. La sapiencia de nuestros politicos es fundamental para no caer en un conflicto que ya debiera estar superado en nuestra sociedad, como lo muestran los estudios sobre poder, desarrollo humano y varios otros que permiten explicar porque la gente se aleja de la política tal como se expresa hoy en dia.

Entre el pesimismo y la terquedad política

El año político ha empezado con malas noticias. En lo económico el menor crecimiento esperado para el año se potencia con la baja del dólar y la perdida –quizás relativa- de nuestra potencia exportadora, debiendo agregar a ello el impacto de la crisis agrícola por la sequía y el alto riesgo de merma energética y posible racionamiento industrial y habitacional. En lo social, los temas centrales de la agenda política como es la salud, educación, delincuencia y protección social aparecen deficitarios a pesar de los esfuerzos desplegados por el gobierno para asegurar un mínimo de dignidad a quienes están más desprotegidos, sin plantear ni analizar el grado de eficiencia que se ha logrado obtener en dichas prestaciones. En lo político, la presidencialización de la agenda política diaria y la instalación de la corrupción como percepción generalizada que no logra distinguirla –en algunos casos- de los desordenes administrativos se suma al aumento de la violencia social y política que ahora se expresa en la seguidilla de avisos de bombas, la explosión de algunas y el aviso preventivo de una jornada de protesta que nos tomará dos días a fines de este mes.

Entre las variadas demandas ciudadanas expresadas con mayor o menor intensidad, no cabe duda que la tendencia futura en el colectivo social estará marcada más bien por el pesimismo y una fuerte percepción de incremento del conflicto político y social. No podría ser de otra forma cuando las lógicas de la dinámica política giran en torno al conflicto sin dejar espacio para abrir ventanas de debate acerca de ideas-fuerzas que den luces y señales de esperanzas con algún grado de certeza y viabilidad.

En este escenario, la responsabilidad no solo es del gobierno, ni de los ricos, ni de los pobres ni tampoco, por cierto, de la clase media. Tampoco descansa en los medios de comunicación ni en su concentración. Para que hablar de los partidos políticos, que suelen ser los peor evaluados a la hora de hacer un ranking de su aporte político y social.

Pareciera evidente que algo sucede, que algo no esta funcionando bien, que algo no se está haciendo o simplemente que nos estamos dejando llevar por la inercia política del presente pretendiendo construir futuro en cada paso que se da. Si bien es indesmentible que se hacen muchas cosas, muchas de ellas positivas y otras no tanto, el resultado es que todo ello no logra cuadrar en una visión integral, en una visión de país que podamos compartir y que sea percibida de similar forma por los ciudadanos.

Nuestra visión es que se carece de ideas fuerzas que motiven a la ciudadanía, que incentiven a los decisores, que animen a los líderes políticos, sociales, sindicales y empresariales entre varios otros a mirar un futuro integrado, complementario y convergente. En suma, la no presencia de esas ideas-fuerzas ha logrado disminuir la capacidad de soñar, de imaginar un horizonte que efectivamente puede ser realidad, un camino donde el esfuerzo entregado por cada uno tenga un sentido integrador.

Las ideas planteadas en torno a la equidad, la justicia y la igualdad, como asimismo en torno a una mejor distribución del ingreso o la disminución de la brecha entre ricos y pobres, constituyen la esencia de cualquier discurso político, siendo usadas en innumerables oportunidades por candidatos y Presidentes (as). Sin embargo, pretender que ello se genera solamente mediante la presentación de leyes o a través de eventos que conciten la concurrencia de todo el espectro político no solo resulta ser ingenuo, sino que muestra una debilidad estructural –y no solo procesal- en la construcción de una sociedad que pueda cumplir con tales ideales. Cuando las debilidades son estructurales ello implica que los grupos que conforman la elite, están en un proceso de autoaislamiento y de compartimentaje que coopera para que el conflicto se convierta en una permanente confrontación y, por ende, de amplios espacios de exclusión

En este contexto, el gobierno se equivoca si solo piensa en los cuatro años y no le da un mayor e intenso sentido de proyección a cada iniciativa que maneja. Eso implica una mejor gestión de la agenda política y con metodologías que sean innovadoras y de mayor impacto político, como sería por ejemplo, la reunión mensual de la Presidenta y/o alguno de sus ministros con los editores políticos o directores de los medios de comunicación. De similar manera con otros actores políticos y sociales. Si el gobierno marca la pauta en el diálogo político, mantendrá un espacio que no podrá ser restado por la presidencialitis que nos afecta y que además le permitirá morigerar y colocar en una dimensión real los problemas de desordenes y corrupción. Del mismo modo, si la oposición complementara su estrategia con propuestas viables donde plantee espacios de negociación que integre a sectores sociales, políticos, sindicales y empresariales de manera creativa, sus márgenes de respaldo debieran tender a aumentar de forma sostenida. Si, por el contrario, Gobierno y oposición profundizan la confrontación permanente en una mal entendida dialéctica, el camino hacia liderazgos populistas y autoritarios se hace cada vez más evidente, con o sin primarias. A modo de corolario: La terquedad política –expresión de moda en América Latina- suele ser el resultado de quienes sostienen que la democracia la hacen posible unos pocos iluminados mirándose en el espejo de sus sueños.

Diálogo, inclusión y cambio

El comienzo de la segunda etapa del gobierno no solamente conlleva una evaluación de los dos años transcurridos, sino que también la necesidad de proyectar el periodo que resta. No cabe duda que tanto al interior del gobierno como aquellos que están en la oposición y, en particular, quienes ofician de meros observadores, poseen una evaluación del los dos años transcurridos.

Quienes están en el gobierno, tienden a expresar una opinión mas bien complaciente respecto a lo obrado en estos dos años como también comparten la tendencia a explicar los errores o falencias del gobierno en virtud de las acciones de la oposición. A su vez, la alianza se solaza con acusaciones y conferencias de prensa criticando la acción gubernamental, reforzando en la opinión pública la percepción de corrupción existente en el gobierno. Para los observadores, la posición parece ser mas de indiferencia y con un evidente sentido critico a la clase política en general y una cierta desazón respecto a las expectativas incumplidas.

Desde otro punto de vista, no se puede dejar de lado la consideración que parte importante del éxito/fracaso del gobierno depende del escenario económico y político internacional, donde las variables no las controla el gobierno. Asimismo, la proyección del gobierno queda incompleta si solo considera el resto d elso dos años y no incorpora una visión de largo plazo que sea compartida por varios actores políticos. Ambos factores –lo internacional y la visión de futuro- parecen estar sometidas solamente a la iniciativa gubernamental y no incluye ni al ciudadano como tampoco a otros actores, como el sector privado y el laboral, quienes están focalizados en temas puntuales pero sin considerar la necesidad de compartir una visión macro.

La práctica de hacer evaluaciones obviando los contextos o los escenarios, y pretendiendo que las evaluaciones políticas se hacen de manera similar a lo que es un proyecto de ingeniería, es una debilidad más que habría que sumar al sistema político. Al efecto, si se plantea la evaluación asociado a la suma de acciones exitosas en un período acotado, el resultado nos señalaría el grado de eficiencia que sería mensurable fácilmente en términos de productividad y grados de satisfacción por habitante y por metro cuadrado por ejemplo. La política y por extensión la democracia no funciona bajo esos parámetros.

La evaluación, a nuestro entender debe considerar que el gobierno de Michelle bachelet es una Gobierno de la Concertación, al cual es exigible una mínima continuidad y coherencia con los gobiernos anteriores en torno a programas, promesas y resultados. De no existir con claridad dicha proyección desde el pasado, lo que tenemos es un gobierno-isla, cuyo interés y esfuerzo se concentra en el logro de metas de alto impacto ciudadano que permitan finalizar su periodo con altos guarismos de respaldo en las encuestas. Eso lleva asociado una exigencia gubernamental de lealtad a toda prueba que se demuestra en cada acción que requiere apoyo político y, de manera simultánea, una tendencia a la exclusión de todos aquellos que sostienen una opinión distinta u ofrecen otras alternativas.

En este esquema, la política solo se juega entre el gobierno, los partidos y los parlamentarios, al mas puro estilo del siglo XX, y sin incorporar las variables del siglo XXI. Una de estas variables, por ejemplo, es la percepción. La ciudadanía ya no compra imágenes sino que evalúa a partir de su percepción, y es ésta la que constituye su prisma mediante la cual interpreta la realidad. Otra variable es el rechazo ciudadano al conflicto político. De ahí derivan otras variables como la inclusión y junto con ella, el diálogo y la negociación.

Si en la articulación de tosas esas variables no hay resultados o éstos son magros, la evaluación del pasado pasa ser considerada deficiente y su proyección entra a un terreno de incertidumbre ciudadana. Ello significa que la sociedad queda a la espera de resultados pero que poseen fecha de vencimiento y, por tanto, se hace necesario que emerja una propuesta que encante a los componentes de una sociedad que espera respuestas y ansia tener una percepción de seguridad y certeza mínima respecto a su futuro.

Si a todo ello, sumamos la incertidumbre provenientes del ámbito internacional, nos encontramos que los distintos actores políticos empezarán a construir una plataforma programática a partir de la propia imagen de la realidad que deseen construir, abandonando la proyección natural que todo gobierno desea. Esto es aplicable tanto a los partidos de la Concertación como a los de la Alianza.

Y es que la idea de cambio no esta fuera de la continuidad, sino que dentro de ella. El cambio implica resultados que sean percibidos por la ciudadanía y no mostrados como una imagen de una realidad no percibida. A su vez, dicho cambio supone un avance asociado a un horizonte futuro tangible y comprensible que no está supeditada a un mero cambio de gobierno. Claro, para todo ello, se precisa dialogo, inclusión, disminución del conflicto y capacidad de negociación asociado a resultados.

Eliminatorias

La imprevista renuncia del Belisario Velasco significó adelantar todos los preparativos del cambio de autoridades, que incluyeron a Intendentes, Subsecretarios y Ministros.

La conformación de un nuevo equipo político tiene varias implicancias que no pasan desapercibidas para los distintos actores políticos que giran en torno a las decisiones gubernamentales, tales como empresarios, trabajadores, medios de comunicación y, por cierto, los partidos políticos, que además están visualizando procesos electorales que se dan en un escenario complejo.

Tal vez los últimos que resultan encandilados son los ciudadanos. Mal que mal el gobierno está preocupado de su agenda y cómo la Presidenta será evaluada al final del período, lo que dice relación con cosas tangibles y cuantitativas pero que no necesariamente incorpora la percepción ciudadana.

La primera implicancia se refiere a la forma en que se planifica dicho cambio, quienes participan en ello, el tipo de evaluación del trabajo realizado y los desafíos políticos que se deben asumir en los próximos dos años. Todo ello pasa a ser parte de lo que denominaremos el mito democrático, es decir, asumir que todas las decisiones las toma la Presidenta, sin tener presente que ella decide conforme las alternativas y evaluación de impacto que hacen sus asesores. Es parte del mito asumir que por el solo hecho de ocupar la primera magistratura sabe de todo. Si nos retrotraemos al penosamente famoso Transantiago, encontramos que la momento de la decisión, la Presidenta privilegia la opinión de los “técnicos” y desecha la opinión política representada por Belisario Velasco como también deja de lado su “instinto femenino”, que le señalaba que no iba a funcionar. La razón principal para aprobar el funcionamiento del Transantiago fue la opinión de los técnicos.

Volvamos a lo nuestro. Se desconocen los criterios de evaluación del gabinete y la información entregada solamente se remite a la necesidad de realizar cambios para un segundo tiempo -en un abuso evidente de la jerga futbolística- dado que pretende, mediáticamente, dividir el período de gobierno en dos partes cuando en realidad el gobierno es un solo “tiempo”.

Si bien es razonable pensar que la versión de que quedan los dos últimos años de gobierno puede ser asimilable a la idea de un figurado segundo tiempo, también es cierto que el gobierno constituye un todo indivisible.

Por tanto, en esta primera aproximación, se podría deducir que la evaluación a varios ministros no fue buena en términos de los objetivos propios del Gobierno con un horizonte de cuatro años.

Eso nos lleva a la segunda cuestión, referida a los escenarios que enfrenta. Al respecto, el más evidente es el hecho de que parte importante del éxito del gobierno depende de la eficiencia legislativa, en el sentido de lograr consolidar los cambios, como también el apoyo de la deuda social y la incorporación de la cohesión social mediante leyes aprobadas por el Congreso.

En este sentido, la crisis de la DC, que termina con la expulsión de Adolfo Zaldívar, y la renuncia de 5 diputados al partido, representa para la agrupación una crisis en su grado menor.

Sin embargo, el dato más relevante es que la Concertación pierde la mayoría legislativa, tanto en Senado como en diputados. Ello significa que el nuevo gabinete debe ser capaz de ser eficiente en lograr la máxima aprobación legislativa de los proyectos asociados a la oferta programática de la Presidenta, como también generar una capacidad de negociación con la Concertación, los “independientes” y una fórmula que permita sumar a la Alianza para lograr los acuerdos o, en su defecto, neutralizar la capacidad de chantaje de los díscolos de la Concertación.

La tercera cuestión es saber si el nuevo gabinete tendrá el espacio, el respaldo y la autonomía suficiente para definir los términos de negociación sin que ello se interprete como una erosión del poder de la Presidenta.

El tema de fondo es simple y se reduce a responder la siguiente pregunta ¿el éxito del gobierno depende de ignorara a los díscolos e independientes y generar una alianza con la derecha o se trata solamente de un efecto mediático, donde la negociación con la Alianza se dará a último minuto con el sólo afán de sacar la agenda adelante?

Ello nos lleva a plantear si se volverá a repetir o no la incomunicación y falta de respaldo que tuvo el anterior ministro del Interior y si efectivamente este nuevo gabinete, más allá de que utilice todos los recursos disponibles, pueda obtener triunfos que han sido esquivos en los últimos dos años.

Es necesario tener presente que si bien la Presidenta ha recompuesto el vínculo, lo cual no significa necesariamente la confianza con el empresariado, los temas laborales suponen una definición gubernamental en torno, por ejemplo, a la subcontratación. En esta perspectiva, y más allá de los equilibrios y la forma en que se negocie el poder, parece olvidarse que el ciudadano considera la deuda social como un bien que le pertenece por sí mismo y que no forzosamente responde a una definición ideológica, lo que no interfiere en su expectativa y desarrollo futuro.

Con este escenario, más allá de las negociaciones con los díscolos e independientes, es necesario agregar el costo implícito de lograr confianza y coordinación entre todos los nuevos designados en los distintos niveles del gobierno, pues pareciera entenderse que la Presidenta ha delegado la responsabilidad del éxito en Intendentes, Gobernadores y Ministros. En realidad eso genera dudas razonables en virtud del funcionamiento gubernamental en los dos años anteriores, donde las confianzas de la Presidenta y de sus asesores ha sido selectiva, excluyendo a quienes tienen la capacidad de generar agenda propia. Todo ello no significa desconocer la valoración positiva de la agenda presidencial, sino enfatizar el hecho simple y evidente de que las decisiones de la Presidenta mejoran cuando posee un mejor abanico de posibilidades y cuando logra involucrarse directamente en el sello de los acuerdos.

Si Pérez Yoma es el jefe de gabinete y el conductor del proceso lo sabremos recién en marzo y sus resultados inmediatos en el discurso del 21 de mayo de 2008. Si resulta que no es así se debe tener cuidado de no culpar directamente a la Presidenta y más bien asumir que el círculo de asesoría presidencial exige una correcta institucionalización más allá de la confianza personal de la mandataria, pues quedaría en evidencia que el tema nunca estuvo radicado en los ministros sino que en la fórmula de conducción política presidencial.

Prevé politólogo chileno incertidumbre en Venezuela

Guillermo Holzmann consideró ‘positivo’ el reconocimiento de su derrota por parte de Chávez, pero advirtió que se desconoce mucho sobre sus futuros pasos. MILENIO.COM

Santiago.- La derrota sufrida el domingo por el presidente venezolano Hugo Chávez en el referendo sobre una reforma constitucional abre un periodo de incertidumbre política en ese país, afirmó hoy aquí el politólogo chileno Guillermo Holzmann.

En declaraciones a Notimex, el académico del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chile consideró ‘positivo’ el reconocimiento de su derrota por parte de Chávez, pero advirtió que se desconoce mucho sobre sus futuros pasos.

“En parte se pone a prueba el sentimiento democrático de Chávez, en la medida que ha reconocido la derrota, pero no hay que olvidarse que todavía tiene herramientas o instrumentos para poder definir lo que pueda hacer”, agregó.

Holzmann indicó que el tema a futuro es ‘cómo va a reaccionar Chávez, desde el punto de vista político para poder insistir en las reformas rechazadas por un estrecho margen en el referendo y eso es lo que todavía no sabemos’.

Más de nueve millones de venezolanos acudieron el domingo a las urnas para pronunciarse sobre una reforma constitucional que afectaba a 69 de los 350 artículos de la Constitución vigente, con la cual Chávez buscaba implantar el socialismo en su país.

Los dos bloques de reformas sometidas el domingo a la aprobación ciudadana fueron rechazados por el 50.7 y el 51.05 por ciento, pero Chávez, quien perdió su primera elección en nueve años de gobierno, advirtió que ‘por ahora no pudimos’.

Holzmann señaló que la derrota de la propuesta de reforma constitucional presentada a los venezolanos por Chávez no significa que el ideario socialista, el “Socialismo del Siglo XXI que plantea, haya sido desechado’.

“Me da la impresión por sus palabras que lo mantiene (al socialismo) como bandera y como discurso, en la perspectiva. Yo diría que en términos concretos él plantea la derrota como una derrota táctica, pero no estratégica”, indicó el catedrático universitario.

Al reconocer esta madrugada su derrota, Chávez dijo que ‘por ahora no pudimos, bien, entiendo y acepto que la propuesta de reforma (perdió), esta propuesta es una propuesta profunda, bastante integral, una ecuación de poder, intensa’.

El gobernante bolivariano, quien pidió a sus partidarios no sentirse ‘apesadumbrados’, aseveró que la reforma tiene “algunas cosas muy audaces”, por lo cual ’sepan que una sola coma de esta propuesta yo retiro, esta propuesta sigue viva, no esta muerta, sigue viva”.

El presidente Chávez “va a persistir en su proyecto. El problema es cómo lo va a hacer: ‘va a llamar a otro referéndum, va a tratar de imponer los cambios vía decisión administrativa, aprovechando que tiene una mayoría en el Congreso?’, señaló Holzmann.

El analista político advirtió además que el periodo presidencial de Chávez no ha terminado, pues se extiende hasta 2012, y “entonces, aún le queda todavía espacio para moverse en torno a ello”.

Tras señalar la abstención que rondó el 45 por ciento, Holzmann aseguró que quienes votaron en contra de la reforma constitucional son la gente que antes apoyaba al ex teniente coronel en retiro, quien permanece en el poder desde 1999.

“Ello, porque lo más probable es que los que se abstuvieron fueron más bien de la oposición, los que tenían temor a expresarse o que fuera descubierto su voto”, aseveró.

Según el analista político chileno, la tarea para la oposición es superar la fragmentación, de la que se beneficia Chávez, fortalecer sus liderazgos y organizarse en torno a un programa político. Notimex