El escenario político actual se define, por una parte, a partir de las iniciativas desplegadas por el Ejecutivo para dar forma y contenido al discurso del 21 de mayo de la Presidenta ante el Congreso Nacional y, por otra, obtener un manejo relativo de la agenda que le permita neutralizar el embate de críticas permanentes de la oposición llevándola a un espacio de negociación de naturaleza institucional y no mediática.
Al efecto, la cantidad de proyectos y su relevancia política dan cuenta de una estrategia básicamente comunicacional, orientada a copar la agenda mediática, y donde los resultados de las mismas serán exigidos por la Presidenta en dicha oportunidad, llamando por una parte a la unidad de la Concertación y por otra enrostrando a la Alianza una crítica mezquina y sin compromiso social. Eso sería en lo macro, donde el primer año de Gobierno estará tamizado por frases y argumentos orientados a reconocer errores o falencias y a enfatizar que el periodo de gobierno finaliza el 11 de marzo de 2010.
Al prospectar el escenario actual, es posible plantear que el actual gobierno debiera finalizar su periodo con una adhesión que no bajará del 40% -debido principalmente al carisma personal de la Presidenta más que por su eficiencia gubernamental- pero donde la superación de la barrera del 50% será una dificultad permanente en lo que resta del período, estimándose que se mantendrá de manera fluctuante su adhesión.
Esto último, inevitablemente, conducirá a una consolidación de las campañas presidenciales, tanto al interior de los partidos como al interior de cada conglomerado, siendo esperable que las candidaturas independientes tiendan a aumentar, con el evidente correlato de un complejo ambiente de conflictividad política que tendrá alcances en la sociedad –menor adhesión a los partidos políticos-, económicos –mayor incertidumbre respecto a las condiciones de inversión y menor crecimiento por la falta de energía- y sociales –frustración ciudadana por expectativas incumplidas-. Cada uno de estos tópicos merecería una evaluación por separado que escapa al espacio de esta columna pero que resulta básico considerar como argumento del análisis.
Respecto a la eficiencia gubernamental, si bien las acciones de gobierno cumplirán con un porcentaje de las expectativas ciudadanas, este cumplimiento se focalizará en cuestiones hoy día consideradas como mínimas por parte de un ciudadano exigente y crítico. Ello será además el contenido del discurso ambiguo, lejano y no exento de críticas que el gobierno deberá asumir por parte de la Concertación y de la Alianza, quienes intensificarán gradualmente sus acciones y dichos en torno a las campañas municipales, parlamentarias y presidenciales.
Tal vez el ejemplo de mayor impacto se advertirá con el debate sobre el binominal, en torno al cual hay suficiente consenso en la necesidad de su modificación. Sin embargo, y sin entrar a las consideraciones electorales de la propuesta, parece poco probable que los actuales legisladores estén dispuestos a aprobar modificaciones que alteran significativamente sus posibilidades –hoy aseguradas- de reelección en los comicios del 2009. La viabilidad del proyecto estaría en que se implemente a contar de las subsiguientes elecciones, pero ello todavía no se ha planteado.
Por otra parte, el gran desafío del gobierno tendiente a lograr una nueva Ley General de Educación probablemente entrará en un proceso de confrontación entre el Ejecutivo, el legislativo y la ciudadanía –especialmente jóvenes-, quienes ya han asumido un debate más bien ideológico del tema, asociado al tipo de sociedad y a los valores que debe cautelar la educación, dejando de lado los elementos objetivos de calidad educacional que al final de cuentas se concentran en la municipalización, el rol regulador del Estado, la infraestructura educacional para el Chile del futuro y la calidad docentes entre otros temas.
En este contexto, se logrará algo no evaluado adecuadamente como es la medición de fuerzas entre sectores, especialmente estudiantiles, que se sintieron integrados en una Comisión, y la discusión parlamentaria cuya plataforma de debate se concentra más bien en equilibrios de poder y representación de intereses que no interpreta necesariamente lo consensuado por la Comisión formada por el Gobierno para desbaratar el movimiento pingüino.
Algo parecido pasará con la propuesta provisional, donde los intereses económicos respecto al diseño futuro de la administración de fondos, versus el objetivo gubernamental de asegurar a todo evento pensiones mínimas decentes llevarán a una confrontación de ideas y principios relacionados con un modelo de sociedad ya definido y cuyo resultado probable sea un estancamiento del proyecto, o en su defecto, la aprobación de un cuerpo legal con evidentes falencias que afectarán a los ciudadanos.
En este sentido, la medición de fuerzas que se ha planteado en el escenario político actual entre el Ministro de Hacienda, como representante de la Presidencia, con el Senado nos advierte, por un lado, respecto a una autorreferencia lindante en la soberbia de parte de la cartera, que deja de lado importantes aportes de economistas de distintos sectores y “olvida” generar negociaciones previas de sensibilización. Por otra parte, al quedar el Ministro en una situación de exposición y vulnerabilidad, el empresariado opta por una defensa del modelo más que de la autoridad en la idea de que ello evita aumentar un análisis de riesgo o simplemente una incertidumbre futura creciente.
Sin embargo, el mensaje es más claro y el Senado lo viene repitiendo desde varios años en términos que no es un mero receptor de proyectos y que exige un proceso de negociación estratégico e integrador, máxime cuando los resultados de la actual administración tienen la capacidad de determinar las probabilidades de triunfo o fracaso en las próximas elecciones.
Desde una perspectiva de análisis más global, la distancia a la cual se encuentra la ciudadanía del proceso decisional del Gobierno los deja como observadores impotentes ante una pugna creciente por consolidar posiciones de poder –ya sea dentro del gobierno, en las coaliciones o el Congreso-, que no logran ningún beneficio concreto para la población, ni en calidad de vida ni de bienestar económico. En este sentido, la agenda gubernamental está claramente desfasada respecto a la agenda ciudadana y ello es mucho más que un problema comunicacional del gobierno, en el sentido de que no basta coordinar las pautas diarias de cada ministerio ni tener más ministros en los medios para cambiar la percepción ya consolidada en la opinión pública.
Una democracia emergente como la chilena necesita que exista una convergencia entre los distintos actores de la elite política y la ciudadanía. Cuando se pierde dicha posibilidad por una debate ideológico trasnochado, un mal diagnóstico de la realidad, la carencia de una perspectiva de largo plazo, una asesoría autorreferente y una tendencia natural a la exclusión, los países dejan de tener gobierno y sólo obtienen una gestión del día a día, que en su suma puede ser positiva, pero no logra constituir las metas país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario