ALERTA AMARILLA

Es frecuente que al referirse a la elite política, se entienda que en esta se incluyen solamente a los partidos políticos y los empresarios, donde los primeros son quienes detentan el poder político dentro de un marco institucional y los segundos constituyen un poder fáctico que influye tanto en los primeros como en el gobierno protegiendo sus particulares intereses. Desde una perspectiva politológica, también debe incluirse en la elite de un país, a la alta burocracia, el poder legislativo, el poder judicial, los medios de comunicación, las universidades y centros de estudios, las iglesias, las federaciones o asociaciones de trabajadores, las ONG’s y las corporaciones y fundaciones. Si bien, la ciencia política no reconoce a las fuerzas armadas como parte de la elite, resulta innegable que para el caso de América Latina resulta imposible explicar los procesos políticos sin considerar el rol que éstas han jugado en la historia de cada uno de ellos.

Son justamente todos esos componentes los responsables de que un sistema político y, particularmente una democracia funcione. Si los miembros de la elite poseen lazos o vínculos familiares o de intereses evidentes, nos acercamos a la definición clásica de oligarquía que resulta ser una expresión habitual en los sistemas políticos de América Latina. Si, por el contrario, los miembros de la elite poseen vínculos e interactúan conforme los intereses propios que les corresponden, sin mediar nepotismo ni la defensa de intereses corporativos, sino que se obligan a negociar alrededor de objetivos claros de mediano y largo plazo, recogiendo las demandas ciudadanas y orientando a la sociedad hacia niveles superiores de desarrollo, tenemos una distribución de poder mas transparente, eficiente y con grados mas que adecuados de representación. Esta última favorece y fortalece el proceso democrático.

Cuando en un país, el proceso de interacción al interior de la élite se paraliza o se configura una situación de aislamiento hacia sus componentes o éstos definen autoexcluirse de la interacción, ya sea que se presente como diálogo o negociación entre otras expresiones, inevitablemente empiezan a ser percibidos como una oligarquía por parte de los ciudadanos. Esto es, un grupo de actores (grupos o individualidades) que maneja una envidiable capacidad discursiva pero una notable incapacidad para generar acciones que cooperen al proceso democrático. En este escenario, la democracia deja de ser un sistema apreciado por los ciudadanos y su reacción natural es alejarse de quienes desarrollan la actividad política, es decir, de la elite.

Lo anterior nos permite explicar en mejor forma los resultados de las encuestas de los últimos meses (sin entrar a un análisis de su metodología), donde el porcentaje de quienes se declaran lejanos a los partidos y a la política muestra una tendencia al alza, situándose alrededor del 50% de los encuestados. Si a ello, sumamos la cantidad de personas que teniendo los 18 años y no se ha inscrito y quienes efectivamente votan tenemos que el porcentaje de no participación real se encuentra sobre el 35% sobre el total de la población que tiene 18 años o mas.

En este escenario el análisis de los conflictos sociales que nos han afectado en los últimos meses –y que con certeza se mantendrán en los próximos- toma un cariz preocupante para nuestro proceso democrático, no obstante que todos nuestros indicadores macropolíticos y macroeconómicos resultan ser positivos y sobre el promedio de la región. Sin embargo, los estudios de opinión dan cuenta de un fenómeno distinto: la ciudadanía se muestra escéptica respecto al sistema político y particularmente desconfía de los resultados concretos que entregan los componentes de la elite.

Al efecto, si solo consideramos el conflicto entre los subcontratistas con CODELCO, dejando de lado el hecho de que eso impone en la práctica la negociación por sector e interempresas, o que la articulación del conflicto la tuvo el Partido comunista, aun cuando es evidente de que una gran mayoría de los movilizados no es parte ni simpatizante de dicho partido, tenemos que en su desarrollo se utilizaron todas las técnicas “antiguas”, de la guerra fría, y donde los actores se atrincheraron en una estrategia confrontacional. Sobre este aspecto, lo primero que salta a la vista es que el conflicto tenia una base económica y laboral, pero en términos realistas fue (o es) un conflicto netamente político que dejo heridos en su proceso de resolución. A su vez, quienes debían estar para resolverlo finalmente fueron superados por los hechos y aparece otro miembro de la elite, la Iglesia Católica, a mediar en ello. Ambos antecedentes dan cuanta de que hay varios componentes de la elite que no están cumpliendo su rol y se mantienen protegiendo principios y visiones mas bien anquilosadas que no cooperan a una necesaria evolución democrática.

Sería un error considerar que esta situación es solo responsabilidad de la Presidenta o del Gobierno, no obstante la carencia de una conducción decidida y clara alrededor de ideas fuerzas que tengan validez transversal. Las debilidades que se pueden achacar al gobierno poseen una directa correlación con las debilidades del resto de la elite. De hecho, y por ejemplo, la baja de adhesión al Gobierno o la Concertación no se traslada a la alianza, lo que indica un problema más bien estructural en el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

En palabras simples, si la elite no considera, incorpora, escucha, canaliza, filtra o se abre a debatir los problemas de la sociedad, difícilmente se podrá pensar que el próximo gobierno –cualquiera que sea su signo- tendrá la posibilidad de aumentar los grados de adhesión o de interpretar lo que la ciudadanía espera de la elite política.

En este contexto, la debilidad del gobierno es la debilidad de todo el sistema. En el periodo de Ricardo Lagos ello quedaba subsumido bajo le perfil y la personalidad del Presidente y su equipo. Hoy día, cuando el equipo muestra carencias y el liderazgo no se ha consolidado al interior del sistema, quedan en evidencia los riesgos presentes y futuros de nuestra democracia, donde parecen estar más concientes de ello los propios ciudadanos antes que los miembros de la elite.

De mantenerse el actual escenario, es predecible que conflictos asociados a la educación, la pesca artesanal, la minería, las forestales, la salud y los exportadores entre otros, aparecerán con mayor frecuencia e intensidad. Es cierto que es inherente a la democracia la libertad de expresión y la de manifestar el descontento, pero también es cierto que una democracia que se precia, al menos en el discursos, de se estar consolidada debe tener los mecanismos de participación adecuados para resolver los conflictos dentro del ámbito que les corresponde. Cada vez que un conflicto termina dirimiéndose por los medios de comunicación o a puertas cerradas o por mediación, ineludiblemente significa un déficit para el sistema y puntos negativos para la elite política.

La construcción democrática se hace de frente a los ciudadanos, de manera constructiva, con apego pleno a los valores y principios democráticos, pero también con innovación y audacia y esto último corresponde a los líderes. A su vez, la democracia no se construye por el solo acuerdo de algunos miembros de la elite que le informa al resto por los medios de comunicación. La democracia se construye en el diálogo cara a cara y en la negociación asociada a objetivos país de mediano y largo plazo. Y, finalmente, la democracia no es patrimonio exclusivo de un grupo o de un gobierno.