A fines de noviembre de 2006, en medio del escándalo por las irregularidades detectadas en Chiledeportes, el uso de facturas falsas en campañas políticas noviembre y con ocasión de la promulgación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción , la Presidenta de la República, Michelle Bachelet dio a conocer la agenda del Gobierno en materia de probidad, transparencia, calidad de la política y modernización del Estado.

Tras ocho meses del anuncio, y esta vez en medio del revuelo por la multa de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a Sebastian Piñera por la compra de acciones de LAN Airlines en posesión de información privilegiada, el viernes 13 de julio la presidenta promulgó la Ley 20.205 que establece un estatuto de protección a funcionarios públicos que realicen denuncias en casos de corrupción. Esta ley es la primera de la Agenda anunciada por la presidente en noviembre pasado y que corresponde al área de la Probidad. La finalidad de esta ley es transparentar la información pública, combatir las irregularidades y faltas a la probidad administrativa, perfeccionar los mecanismos de control y los sistemas de contratación.
La segunda iniciativa de la Agenda, y que se encuentra en última etapa legislativa, es la de Transparencia. Tras dos años y medio de tramitación en el Congreso está a punto de aprobarse la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información sobre los órganos de administración del Estado. Esto implicará mantener a disposición las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades del Estado; las remuneraciones, las adquisiciones, las contrataciones de bienes, los servicios y los contratistas respectivos, identificando incluso, socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras. No obstante también establece las causales para denegar información, como es perjudicar la seguridad y la defensa nacional, alterar el orden y la seguridad pública o afectar la vida privada de las personas o la investigación de algún crimen. Además, la ley crea el Consejo para la Transparencia, integrado por cuatro consejeros asignados por la Presidenta de la República, con acuerdo del Senado, cuya función será fiscalizar el cumplimiento de la ley, aplicar sanciones y fundamentar los reclamos por denegación de acceso a la información.
Al respecto, es analista político Guillermo Holzmann señala que el acceso a la información se inserta en el proceso de consolidación del sistema democrático en nuestro país y que esta ley está orientada a buscar, a conocer y saber cómo se es el proceso de toma de decisiones a nivel gubernamental. De aprobarse la esta ley, Chile pasará a formar parte de los setenta países que cuentan con este tipo de iniciativa, uno de los cuales es el Reino Unido, lugar al cual viajó una delegación de personeros vinculados al tema para conocer las instituciones y prácticas británicas en esta área, específicamente lo relacionado con los plazos para enseñar a los funcionarios públicos sobre las nuevas exigencias y demandas ciudadanas y establecer los plazos para nombrar los directivos del Consejo de Transparencia. Cabe destacar que dicho país promulgó la Freedom of Information Act en el 2000, y se tomó cinco años para capacitar a los funcionarios públicos, entrenado en vigencia sólo a comienzos de 2005. En este sentido, Holzmann señaló que el plazo para implementar esta ley deberá ser tan amplio como el inglés ya que capacitar a los funcionarios y a las autoridades respecto a cómo entregar la información y establecer la información que debe ser entregada libremente, la que debe ser registrada y la que no debe ser entregada, será un proceso largo. Respecto a la experiencia de los ingleses, las autoridades se han mostrado reacias a los requerimientos de información presentados por los ciudadanos y por periodistas, quienes son los principales demandantes, lo que para Holzmann tiene una razón: ningún gobierno le gusta entregar información a menos que pueda controlarla.
Otro punto importante que fomenta la transparencia será la aprobación del Proyecto de Ley de Lobby que se encuentra en segundo trámite constitucional y para el cuentista político, en una norma necesaria para la regularización de los procesos de influencia sobre autoridades que toman las decisiones políticas y económicas, lo que es fuertemente regulado en países como Estados Unidos. Otras iniciativas en el ámbito de la transparencia son la ampliación de las restricciones para el revolving door en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; el perfeccionamiento de los sistemas de compras y contratación pública; y la que establece las inhabilidades. Las tres se encuentran en primer trámite legislativo.
La tercera iniciativa de la Agenda de Gobierno tiene relación la eficacia y con la Calidad de la Política. Para eso, se presentó una reforma constitucional y una reforma legal para ampliar y endurecer las sanciones por infracciones a la ley de financiamiento electoral; en contra del intervencionismo electoral del estado y otra que regula las primarias con el objetivo de desalentar los clientelismos políticos.
La cuarta iniciativa de la Agenda es la Modernización del Estado. Para eso, el Ejecutivo presentó en enero un proyecto de ley que tiene por objeto ampliar la cobertura y fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública y modificar el Estatuto Administrativo en materia de concursabilidad de los cargos de tercer nivel jerárquico. Otro ámbito de la modernización es el envío de un proyecto de modernización de la Contraloría General de la República que deberá rediseñar su forma de trabajo para acomodarla a las nuevas exigencias de la Agenda., así como el envío del proyecto que Crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, tendiente a fortalecer los mecanismos de control interno de las instituciones y empresas dependientes o relacionados con el Estado. Una última instancia que aún no ha sido despacha al congreso es el proyecto que crea la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas que estará a cargo de controlar y evaluar el impacto de las políticas y programas públicos y cuyos resultados estarán a disposición del público, y serán elaborados con objetividad e independencia.