La percepción internacional de Chile ha pasado a constituir un activo político en sus relaciones internacionales, hemisféricas y regionales. Al efecto, se destaca la solidez institucional, la estabilidad macroeconómica y la evidente distancia, en términos de crecimiento y desarrollo, respecto a los demás países de la región. Más aún, la invitación a abrir una discusión para la incorporación a la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), donde participan los 30 países mas desarrollados del mundo[1], también incluyó a Israel, Rusia, Estonia y Eslovenia, mientras que se espera una decisión respecto a la incorporación de Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica. Las implicancias de esta eventual incorporación son variadas e inciden más directamente en nuestra institucionalidad democrática de lo que logran organismos internacionales.

Al efecto, ya no se trata solamente de cumplir las exigencias financieras de los organismos internacionales, sino que generar condiciones adecuadas para avanzar hacia el desarrollo disminuyendo brechas y exclusiones. Tampoco se trata de estar bien o mal evaluados en los distintos índices de estabilidad y gobernabilidad democrática, o índices de corrupción o saber que las instituciones funcionan, sino que se trata del eficiente funcionamiento de distintas instancias democráticas que posibiliten el dialogo social, la participación de la sociedad civil, el diálogo estratégico y varios temas más.

Los 30 países que hoy día conforman la OECD han logrado consolidar sus democracias en lo político, en lo económico y en lo social. Ello significa que cada país ha debido enfrentar el desafío del diálogo político de frente a la sociedad, con el fin de consensuar –y no con pocas dificultades- los ejes estratégicos desde el punto de vista político que el país debe alcanzar. Son países que pasaron por la preeminencia de lo económico por sobre lo político, logrando con ello un crecimiento significativo y sustantivo para volcar sus esfuerzos hacia el desarrollo. En este sentido, el consenso estratégico permite que la competencia política de cada coalición o partido se centre en la eficiencia de su gobierno para aportar a dichos objetivos, incorporando su particular visión ideológica, enfatizando la conducción política con visión de futuro pero sin jugarse dichos ejes en cada período de gobierno.

La experiencia de ellos, indica que la economía y sus distintos componentes constituyen un aspecto “necesario pero no suficiente” en la conducción del gobierno. Esta misma experiencia muestra que estos países valoran el diálogo y cada conflicto –que son frecuentes e intensos- se transforman en oportunidades en virtud de la claridad de dichos objetivos. En este contexto, el dialogo empresarios – trabajadores – partidos políticos – gobierno se realiza frente a frente, con propuestas y adecuadas metodologías de negociación. Asimismo, se valora la burocracia estatal, especialmente su profesionalismo y compromiso con dichos ejes estratégicos. En otras palabras, respeto, negociación, diálogo y consenso son cuestiones arraigadas en el quehacer político que le dan sentido a la función gubernamental y fortalecen un Estado regulador y comprometido con la idea de generar condiciones objetivas de disminución de brechas económicas y sociales.

Ahora bien, ingresar a la OECD implica someterse a una permanente auditoría democrática en términos de su funcionamiento y el cumplimiento de estándares objetivos para establecer la eficiencia del Estado, su burocracia, la dignidad de os trabajadores, el rol social de empresariado y el aporte concreto de los partidos políticos. En este último caso, por ejemplo, es habitual que los partidos a través de sus centros de estudios ya posean un libro o documento donde se discute acerca de cómo lograr mayor eficiencia y mejores resultados en torno a lo social, lo político, lo económico. De hecho, es menester que dicho documento exista previamente para luego plantear candidaturas políticas, en el entendido de que la opción –voluntaria o no- de funcionar plenamente en la globalización significa asumir la deuda del pasado pero superándola con las ideas del futuro.

Hay expectación por lo que Chile logre en los próximos años. Una pregunta habitual es si Chile será un país desarrollado. La respuesta parece ser fácil, sin embargo la experiencia enseña que ningún país alcanza el desarrollo automáticamente ni en un solo periodo gubernamental. Todo desarrollo exige participación y legitimidad política y social como elemento dado y no discutido en cada momento.

Si se observa el nivel del diálogo político en nuestro país, que se realiza a través de los medios de comunicación, o a puertas cerradas o en grupos exclusivos, es fácil darse cuenta de que los consensos estratégicos son mas bien por omisión y donde las prioridades difieren en términos radicales según con quien se converse. Al efecto, el desarrollo suele considerarse en la práctica como la superación de las falencias o carencias del pasado y la mantención de las condiciones actuales. Justamente eso es lo que no hicieron los países de la OCDE.

Si hablamos de participación, el énfasis en Chile está en la ampliación de organizaciones en la sociedad civil, pero no se abren espacios ni se generan instrumentos eficaces y eficientes para canalizar el sentir ciudadano en los procesos decisionales del gobierno o de otras instancias del Estado.

Temas como la energía, el agua, la pobreza, la distribución del ingreso y tantos otros que requieren reformas políticas, acuerdos económicos de largo plazo, no pueden quedar para gobiernos siguientes cuando las condiciones de decisión están en el presente.

Pretender que le ingreso a la OECD solo constituye un logro que debe ser instalado en la pared donde están nuestros galardones, o plantear que solo se refiere a condiciones económicas es un error. La OECD significa mucho más que eso, y donde no sólo responde el Estado y sus instituciones sino que también los demás actores políticos y sociales. Chile ha logrado avanzar sustantivamente, pero no lo suficiente. Queda por delante la etapa más compleja y difícil.

El desarrollo no solo lo conduce el gobierno, sino que se hace con el gobierno. Pero ello significa un gobierno inclusivo, integrador, audaz y especialmente con claridad estratégica compartida con los distintos actores. A su vez, el desarrollo se empieza a lograr cuando hay dialogo, manejo institucional de los conflictos y, especialmente, interlocución directa entre los actores que trasciende los periodos de gobierno.

Finalmente, el desarrollo implica un ambiente político donde palabras como democracia, consenso, legitimidad y participación, entre otras, ya no son parte de los argumentos porque ya se encuentran en la plataforma sólida de la construcción del desarrollo. Ello exige liderazgos integradores y consensos construidos no como imperativos sino como resultado de la ponderación de las diferencias.

[1] Los 30 miembros de la OCDE son: Australia, Austria, Belgica, Canada, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Korea del Sur, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslkovaca, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.